ALERTA!

En momentos donde la violencia, la muerte (especialmente de niños), la corrupción, la inseguridad, se incorpora como un monstruo silencioso en el interior de cada ciudadano, con sentimientos de impotencia, de que "nada se puede hacer, ni decir, es mejor no meterse..., por algo habrá sido..." nos actualiza sentimientos de miedo como resabios de los años negros de la dictadura.

En pos de defender lo que tanto esfuerzo y dolor nos costó a los argentinos, la recuperación de la democracia, no estamos dispuestos a callar, a ser cómplices de un estado que viola sistemáticamente los derechos ciudadanos, omite sus responsabilidades y pone en marcha mecanismos claros de persecución y castigos encubiertos en contra de quienes "piensan diferente", señalan un error, realizan aportes técnicos profesionales con la sola intención de eficientizar la calidad de los servicios, o reclaman el derecho a un salario justo que le permita cubrir sus necesidades básicas, mecanismo utilizado por esta gestión para disciplinar a quienes, en pleno ejercicio de los derechos sociales, políticos y económicos, denuncian el abandono que el Estado realiza a los ciudadanos.

Desde hace largo tiempo se viene planteando la ausencia de Políticas Públicas Integrales e Integradas dirigidas especialmente a los sectores más excluidos socialmente, y ante la falta de un proyecto institucional, sustentado en un estudio sistematizado de la demanda que recepta este Ministerio )cantidad, calidad y ubicación geográfica de la misma), se crean programas focalizados (niñez, adultos mayores, discapacidad, hábitat, etc) que han llevado a la fragmentación de la problemática familiar perdiéndose la visión integral de ésta como como un sistema abierto, debiendo el usuario adecuarse a la burocracia del sistema vigente sin que se le garantice la atención ágil y operativa de los problemas.

La atención de la casuística se realiza descontextualizada de la realidad social de la gente, con respuestas burocráticas, paternalistas y en el mejor de los casos netamente asistencialista considerando el tipo de política social imperante y la descalificación que sufren el escaso número de profesionales con los que cuenta este Ministerio.

Se destaca que en el Presupuesto de la Provincia para el año 2009 figura un total de 690 empleados de planta permanente de los cuales solo 70 son profesionales (trabajadores Sociales, Psicólogos, Nutricionistas, Médicos, Abogados, Lic en Cs de la Educación, etc), por lo que la mayoría de los programas sociales son ejecutados por empleados sin la debida idoneidad, capacitación, ni especificidad científica para el abordaje de una problemática tan sensible.

Se viene funcionando desde hace larga data con una orgánica (estructura interna de la institución) dibujada por los funcionarios de turno, sin participación de sus empleados, creándose una estructura en donde sobreabundan puestos para la planta política ocupadas por personas que muy pocos conocen, que no han demostrado idoneidad para ocupar tal cargo y sobre quienes se desconoce además cuales son sus misiones y funciones.

Se ubican en cargos jerárquicos, sin mediar concursos, a "operadores políticos", llamesé Director, Subdirector, Jefe de Área, etc, de quienes se desconoce si han podido dar cuenta de la idoneidad que deben tener para desempeñar las funciones para los que han sido "nominados", requisito establecido en la Ley Nº 7233-Estatuto del Empleado Público. Sus remuneraciones se han visto "favorecidas" por la Ley 9276 sancionada por nuestra Unicameral en aquel memorable 28 de Diciembre de 2005 (día de los santos inocentes) en donde en el mismo acto se aprueba el contrato de renegociación de Aguas Cordobesas (por el cual el entonces Gobernador De La Sota y su vice Juan Schiaretti pidieron disculpas públicas) y la Ley que sustituye el IPAM por el discutido e ineficiente APROSS.

La Ley 9276 es nada menos que la de equiparación salarial de autoridades superiores y funcionarios del Poder Ejecutivo, Legisladores y funcionarios del Poder Legislativo con los que perciben los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que no incluye al personal de planta permanente de la administración Pública y por ende tampoco alcanza al personal jubilado de la provincia.

Esta situación se repite en distintas reparticiones de la provincia, aún cuando dentro de la administración pública hay jefes de Sección, División o Departamento que han accedido oportunamente a tales cargos en concordancia con los requisitos exigidos por Ley, lo que significa una doble erogación para las arcas de la provincia y una clara situación de privilegio para unos y discriminación para otros.

Denunciamos también la falta de cumplimiento al compromiso de blanqueo de salarios que perjudica directamente a los jubilados, reglamentación y pleno ejercicio de la Ley de escalafón para la Administración Pública (publicada en el Boletín Oficial en marzo de 2007) y la consecuente carrera administrativa del personal, suspendida en el año 1996 por la Ley de Emergencia de la Provincia.